El primer paso de Ibagué para frenar explotación minera
El alcalde de la capital tolimense, Guillermo Alfonso Jaramillo, quiere
evitar la explotación de una de las minas de oro más grandes de Colombia. Sin
embargo, ese mecanismo aún se encuentra en un limbo jurídico.
Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta
popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglo Gold Ashanti
en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios
territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo
hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la
explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios
de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en
varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La
Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora,
después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué.
El pasado lunes su nuevo alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario
de Salud de Bogotá, radicó en el Concejo de la ciudad un proyecto para empezar
el trámite de una consulta popular que detenga las operaciones de La Colosa.
Según él, la explotación de la “mega minería a cielo abierto” también tiene en
vilo los recursos hídricos de la capital tolimense, no sólo de Cajamarca.
Principalmente, dice, si se concreta, la explotación afectará la cuenca del
río Coello. “Y de ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto
complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados
en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio. Se puede presentar
una clara situación de degradación de suelos, erosión y alteraciones de
topografía que afectan el medioambiente y las cuencas. Además, nuestra vocación
es agrícola y queremos seguir gozando de esta autonomía para decidir si
queremos seguir teniéndola”, asegura.
La autonomía a la que se refiere Jaramillo es el centro de un álgido debate
que empezó cuando Piedras hizo su consulta popular y el cual el país aún no ha
sido capaz de solucionar. En términos muy concretos, el tema engloba una pelea
jurídica para definir si los municipios pueden decidir si hacer o no minería en
sus territorios. Y pese a que el Gobierno Nacional ha tratado de zanjar la
discusión a punta de decretos y a que la Procuraduría ha intentado limitar a
los alcaldes por medio de sanciones disciplinarias, hoy la pelea sigue en el
limbo.
En el caso de Cajamarca, donde Anglo Gold Ashanti espera comenzar a excavar
en 2020 La Colosa para extraer unos 29 millones de onzas de oro, el ente de
control había anunciado sanciones si su alcalde hacía una consulta. Por otro
lado, el Min ambiente y el Min minas han querido ponerle punto final a la
discusión con polémicos decretos. El último de ellos, expedido hace un año y
recordado como el “decreto navideño” (por haber sido sancionado el 23 de
diciembre), resultó tan controversial que el Consejo de Estado lo suspendió
provisionalmente.
De manera que ahora, como explica César Rodríguez Garavito, director del
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (De justicia) y quien les ha
hecho seguimiento detallado a estas consultas populares, el asunto sigue en el
limbo. Eso, pese a que la Corte Constitucional aseguró en 2014 que el Gobierno
y las autoridades locales tenían que conciliar las acciones que se iban a
llevar a cabo en los suelos de los municipios. A sus ojos, el Gobierno ha
querido sacarle el cuerpo a la sentencia del alto tribunal. “Y lo que hoy es
completamente claro es que el alcalde de Ibagué tiene toda la potestad para
hacer esa consulta”, afirma.
Con él concuerda Carlos Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para
la Defensa del Ambiente (AIDA): “Jurídicamente esta operación es viable”.
Sin embargo, el paso que dio Ibagué es apenas el primero de un largo
proceso. Primero, como dice Jaramillo, la consulta debe ser aprobada por el
Concejo. El alcalde espera encontrar el apoyo de sus funcionarios, en parte
porque la iniciativa venía siendo promovida desde mucho antes por
organizaciones de la sociedad civil. En caso de que esa entidad le dé el visto
bueno, el Tribunal Administrativo de Tolima debe dar su aprobación. Y cuando
pase por este par de etapas, los ibaguereños decidirán si quieren o no que la
multinacional minera explote el oro de La Colosa. Para hacerlo, dice Jaramillo,
deberán superar el umbral, que puede ser cercano a los 120.000 votantes.
Si todo marcha bien, es posible que el 5 de junio la ciudadanía de la
capital tolimense se encuentre con un tarjetón con la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten
actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de
las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con
motivo de proyectos mineros?”.
Y aunque para Jaramillo la cuenca del río Coello es la que está en juego,
algunos rumores indican que el proyecto La Colosa requiere de territorios
cercanos a Cajamarca. Según fuentes cercanas al proceso, en Ibagué ya se han
comprado lotes que pueden funcionar para depositar escombros y separar los
materiales, pues la Anglogold Ashanti tendría la posibilidad de ubicar
infraestructura para sus operaciones a 100 kilómetros a la redonda. Después de
todo, el municipio de Piedras se opuso a la minera porque en sus tierras,
justamente, se iba a construir el centro de procesamiento del oro.
